CARTA ENCÍCLICA

DILECTISSIMA NOBIS

DEL SANTÍSIMO SEÑOR NUESTRO

PÍO

POR DIVINA PROVIDENCIA

PAPA XI

A LOS OBISPOS, AL CLERO
Y A TODO EL PUEBLO DE ESPAÑA

SOBRE LA INJUSTA SITUACIÓN CREADA A LA IGLESIA CATÓLICA EN ESPAÑA

 

A NUESTROS AMADOS HIJOS
CARDENAL FRANCISCO VIDAL Y BARRAQUER
ARZOBISPO DE TARRAGONA
CARDENAL EUSTAQUIO ILUNDÁIN Y ESTEBAN
ARZOBISPO DE SEVILLA
Y A LOS OTROS VENERABLES HERMANOS
ARZOBISPOS Y OBISPOS
Y A TODO EL CLERO Y PUEBLO DE ESPAÑA

PÍO PP. XI

VENERABLES HERMANOS Y AMADOS HIJOS
SALUD Y APOSTÓLICA BENDICIÓN

Siempre Nos fue sumamente cara la noble Nación Española por sus insignes méritos para con la fe católica y la civilización cristiana, por la tradicional y ardentísima devoción a esta Santa Sede Apostólica y por sus grandes instituciones y obras de apostolado, pues ha sido madre fecunda de Santos, de Misioneros y de Fundadores de ínclitas Ordenes Religiosas, gloria y sostén de la Iglesia de Dios.

Y precisamente porque la gloria de España está tan íntimamente unida con la religión católica, Nos sentirnos doblemente apenados al presenciar las deplorables tentativas, que, de un tiempo a esta parte, se están reiterando para arrancar a esta Nación a Nos tan querida, con la fe tradicional, los más bellos títulos de nacional grandeza. No hemos dejado de hacer presente con frecuencia a los actuales gobernantes de España —según Nos dictaba Nuestro paternal corazón— cuán falso era el camino que seguían, y de recordarles que no es hiriendo el alma del pueblo en sus más profundos y caros sentimientos, como se consigue aquella concordia de los espíritus, que es indispensable para la prosperidad de una Nación. Lo hemos hecho por medio de Nuestro Representante, cada vez que amenazaba el peligro de alguna nueva ley o medida lesiva de los sacrosantos derechos de Dios y de las almas. Ni hemos dejado de hacer llegar, aun públicamente, nuestra palabra paternal a los queridos hijos del clero y pueblo de España, para que supiesen que Nuestro Corazón estaba más cerca de ellos, en los momentos del dolor. Mas ahora no podemos menos de levantar de nuevo nuestra voz contra la ley, recientemente aprobada, referente a las Confesiones y Congregaciones Religiosas, ya que ésta constituye una nueva y más grave ofensa, no sólo a la religión y a la Iglesia, sino también a los decantados principios de libertad civil, sobre los cuales declara basarse el nuevo régimen español.

Ni se crea que Nuestra palabra esté inspirada en sentimientos de aversión contra la nueva forma de gobierno o contra otras innovaciones, puramente políticas, que recientemente han tenido lugar en España. Pues todos saben que la Iglesia Católica, no estando bajo ningún respecto ligada a una forma de gobierno más que a otra, con tal que queden a salvo los derechos de Dios y de la conciencia cristiana, no encuentra dificultad en avenirse con las diversas instituciones civiles sean monárquicas, o republicanas, aristocráticas o democráticas.

Prueba manifiesta de ello son, para. no citar sino hechos recientes, los numerosos Concordatos y Acuerdos, estipulados en estos últimos años, y las relaciones diplomáticas, que la Santa Sede ha entablado con diversos Estados, en los cuales, después de la última gran guerra, a gobiernos monárquicos han sustituido gobiernos republicanos.

Ni estas nuevas Repúblicas han tenido jamás que sufrir en sus instituciones, ni en sus justas aspiraciones a la grandeza y bienestar nacional, por efecto de sus amistosas relaciones con la Santa Sede, o por hallarse dispuestas a concluir con espíritu de mutua confianza, en las materias que interesan a la Iglesia y al Estado, convenios adaptados a las nuevas condiciones de los tiempos.

Antes bien, podemos afirmar con toda certeza, que los mismos Estados han reportado notables ventajas de estos confiados acuerdos con la Iglesia; pues todos saben, que no se opone dique más poderoso al desbordamiento del desorden social, que la Iglesia, la cual siendo educadora excelsa de los pueblos, ha sabido siempre unir en fecundo acuerdo el principio de la legítima libertad con el de la autoridad, las exigencias de la justicia con el bien de la paz.

Nada de esto ignoraba el Gobierno de la nueva República Española, pues estaba bien enterado de las buenas disposiciones tanto Nuestras como del Episcopado Español para secundar el mantenimiento del orden y de la tranquilidad social.

Y con Nos y con el Episcopado estaba de acuerdo no solamente el clero tanto secular como regular, sino también los católicos seglares, o sea, la gran mayoría del pueblo español; el cual, no obstante las opiniones personales, no obstante las provocaciones y vejámenes de los enemigos de la Iglesia, ha estado lejos de actos de violencia y represalia, manteniéndose en la tranquila sujeción al poder constituido, sin dar lugar a desórdenes, y mucho menos a guerras civiles. Ni, a. otra causa alguna, fuera de esta disciplina y sujeción, inspirada en las enseñanzas y en el espíritu católico, se podría en verdad atribuir con mayor derecho, cuanto se ha. podido conservar de aquella paz e tranquilidad públicas, que las turbulencias de los partidos y las pasiones de los revolucionarios se han esforzado por perturbar, empujando a la Nación hacia el abismo de la anarquía.

Por esto Nos ha causado profunda extrañeza y vivo pesar el saber que algunos, como para justificar los inicuos procedimientos contra la Iglesia, hayan aducido públicamente como razón la necesidad de defender la nueva República.

Tan evidente aparece por lo dicho la inconsistencia del motivo aducido, que da derecho a atribuir la persecución movida contra la Iglesia en España, más que a incomprensión de la fe católica y de sus benéficas instituciones, al odio que «contra el Señor y contra su Cristo» fomentan sectas subversivas de todo orden religioso y social, como por desgracia vemos que sucede en Méjico y en Rusia.

Pero, volviendo a la deplorable ley referente a las Confesiones y Congregaciones religiosas, hemos visto con amargura de corazón, que en ella, ya desde el principio, se declara abiertamente que el Estado no tiene religión oficial, reafirmando así aquella separación del Estado y de la Iglesia, que desgraciadamente había sido sancionada en la nueva Constitución Española.

No nos detenemos ahora a repetir aquí cuán gravísimo error sea afirmar que es lícita y buena la separación en sí misma, especialmente en una Nación que es católica en casi su totalidad. Para quien la penetra a fondo, la separación no es más que una funesta consecuencia (como tantas veces lo hemos declarado especialmente en la Encíclica « Quas primas ») del laicismo o sea de la apostasía de la sociedad moderna que pretende alejarse de Dios y de la Iglesia. Mas si para cualquier pueblo es, sobre impía, absurda la pretensión de querer excluir de la vida pública a Dios Creador y próvido Gobernador de la misma sociedad, de un modo particular repugna tal exclusión de Dios y de la Iglesia de la vida de la Nación Española, en la cual la Iglesia tuvo siempre y merecidamente la parte más importante y más benéficamente activa, en las leyes, en las escuelas y en todas las demás instituciones privadas y públicas. Pues si tal atentado redunda en daño irreparable de la conciencia cristiana del país, especialmente de la juventud a la que se quiere educar sin religión, y de la familia, profanada en sus más sagrados principios; no menor es el daño que recae sobre la misma autoridad civil, la cual, perdido el apoyo que la recomienda y la sostiene en la conciencia de los pueblos, es decir, faltando la persuasión de ser divinos su origen, su dependencia y su sanción, llega a perder junto con su más grande fuerza de obligación, el más alto título de acatamiento y respeto.

Que esos daños se sigan inevitablemente del régimen de separación lo atestiguan no pocas de aquellas mismas naciones, que, después de haberlo introducido en su legislación, comprendieron bien pronto la necesidad de remediar el error, o bien modificando, al menos en su interpretación y aplicación, las leyes persecutorias de la Iglesia, o bien procurando venir, a pesar de la separación, a una pacífica coexistencia y cooperación con la Iglesia.

Al contrario los nuevos legisladores españoles, no cuidándose de estas lecciones de la historia, han adoptado una forma de separación hostil a la fe que profesa la inmensa mayoría de los ciudadanos, separación tanto más penosa e injusta, cuanto que se decreta en nombre de la libertad, y se la hace llegar hasta la negación del derecho común y de aquella misma libertad, que se promete y se asegura a todos indistintamente. De ese modo se ha querido sujetar a la Iglesia y a sus ministros a medidas de excepción que tienden a ponerla a merced del poder civil.

De hecho, en virtud de la Constitución y de las leyes posteriormente emanadas, mientras todas las opiniones, aun las más erróneas, tienen amplio campo para manifestarse, solo la religión católica, religión de la casi totalidad de los ciudadanos, ve que se la vigila odiosamente en la enseñanza, y que se ponen trabas a las escuelas y otras instituciones suyas, tan beneméritas de la ciencia y de la cultura española. El mismo ejercicio del culto católico, aun en sus más esenciales y tradicionales manifestaciones, no está exento de limitaciones, como la asistencia religiosa en los institutos dependientes del Estado; las procesiones religiosas, las cuales necesitarán autorización especial gubernativa en cada caso; la misma administración de los Sacramentos a los moribundos, y los funerales a los difuntos.

Más manifiesta es aún la contradicción en lo que mira a la propiedad. La Constitución reconoce a todos los ciudadanos la legítima facultad de poseer, y, como es propio de todas las legislaciones en países civilizados, garantiza y tutela el ejercicio de tan importante derecho emanado de la misma naturaleza. Pues aun en este punto se ha querido crear una excepción en daño de la Iglesia Católica, despojándola con patente injusticia de todos sus bienes. No se ha tomado en consideración la voluntad de los donantes, no se ha tenido en cuenta el fin espiritual y santo al que estaban destinados esos bienes, ni se han querido respetar en modo alguno, derechos antiquísimos y fundados sobre indiscutibles títulos jurídicos. No solo dejan ya de ser reconocidos corno libre propiedad de la Iglesia Católica todos los edificios, palacios episcopales, casas rectorales, seminarios, monasterios, sino que son declarados, —con palabras que encubren mal la naturaleza del despojo— « propiedad pública nacional ». Más aún, mientras los edificios que fueron siempre legítima propiedad de las diversas entidades eclesiásticas, los deja la ley en uso a la Iglesia Católica y a sus ministros, a fin de que se empleen, conforme a su destino, para el culto; se llega a establecer que los tales edificios estarán sometidos a las tributaciones inherentes al uso de los mismos, obligando así a la Iglesia Católica a pagar tributos por los bienes que le han sido quitados violentamente. De este modo el poder civil se ha preparado un arma para hacer imposible a la Iglesia Católica aun el uso precario de sus bienes; porque, una vez despojada de todo, privada de todo subsidio, coartada en todas sus actividades, ¿cómo podrá pagar los tributos que se le impongan?

Ni se diga que la ley deja para el futuro a la Iglesia Católica una cierta facultad de poseer, al menos a titulo de propiedad privada, porque aun ese reconocimiento tan reducido, queda después casi anulado por el principio inmediatamente enunciado que, tales bienes sólo podrá conservarlos en la cuantía necesaria para el servicio religioso; con lo cual se obliga a la Iglesia a someter al examen del poder civil sus necesidades para el cumplimiento de su divina misión, y se erige el Estado laico en juez absoluto de cuanto se necesita para las funciones meramente espirituales; y así bien puede temerse que tal juicio estará en consonancia con el laicismo que intentan la ley y sus autores.

Y la usurpación del Estado no se ha detenido en los inmuebles. También los bienes muebles — catalogados con enumeración detalladísima, porque no escapase nada— o sea aun los
ornamentos, imágenes, cuadros, vasos, joyas, telas y demás objetos de esta clase destinados expresa y permanentemente al culto católico, a su esplendor, o a las necesidades relacionadas directamente con él, han sido declarados propiedad pública nacional.

Y mientras se niega a la Iglesia el derecho de disponer libremente de lo que es suyo, como legítimamente adquirido, o donado a ella por los piadosos fieles, se atribuye al Estado y solo al Estado, el poder de disponer de ellos para otros fines, sin limitación alguna de objetos sagrados, aun de aquellos que por haber sido consagrados con rito especial están substraídos a todo uso profano, y llegando hasta excluir toda obligación del Estado a dar, en tan lamentable caso, compensación ninguna a la Iglesia.

Ni todo esto ha bastado para satisfacer a las tendencias anti-religiosas de los actuales legisladores. Ni siquiera los templos han sido perdonados, los templos, esplendor del arte, monumentos eximios de una historia gloriosa, decoro y orgullo de la nación a través de los siglos; los templos, casa de Dios y de oración, sobre los cuales siempre había gozado el pleno derecho de propiedad la Iglesia Católica, la cual —magnífico título de particular benemerencia— los había siempre conservado, embellecido, y adornado con amoroso cuidado. Aun los templos —y de nuevo Nos hemos de lamentar de que no pocos hayan sido presa de la criminal manía incendiaria— han sido declarados propiedad de la Nación, y así expuestos a la ingerencia de las autoridades civiles, que rigen hoy los públicos destinos sin respeto alguno al sentimiento religioso del buen pueblo español.

Es, pues, bien triste la situación creada a la Iglesia Católica en España.

El Clero ha sido ya privado de sus asignaciones con un acto totalmente contrario a la índole generosa del caballeresco pueblo español, y con el cual se viola un compromiso adquirido con pacto concordatario, y se vulnera aun la más estricta justicia, porque el Estado, que había fijado las asignaciones, no lo había hecho por concesión gratuita, sino a título de indemnización por bienes usurpados a la Iglesia.

Ahora también a las Congregaciones Religiosas se las trata, con esta ley nefasta, de un modo inhumano. Pues se arroja sobre ellas la injuriosa sospecha de que puedan ejercer una actividad política peligrosa para la seguridad del Estado, y con esto se estimulan las pasiones hostiles de la plebe a toda suerte de denuncias y persecuciones: vía fácil y expedita para perseguirlas de nuevo con odiosas vejaciones.

Se las sujeta a tantos y tales inventarios, registros e inspecciones, que revisten formas molestas y opresivas de fiscalización y hasta, después de haberlas privado del derecho de enseñar, y de ejercitar toda clase de actividad, con que puedan honestamente sustentarse, se las somete a las leyes tributarias, en la seguridad de que no podrán soportar el pago de los impuestos: nueva manera solapada de hacerles imposible la existencia.

Mas con tales disposiciones se viene en verdad a herir, no solo a los Religiosos, sino al pueblo mismo español, haciendo imposibles aquellas grandes Obras de caridad y beneficencia en pro de los pobres, que han sido siempre gloria magnífica de las Congregaciones Religiosas y de la España Católica.

Todavía sin embargo, en las penosas estrecheces a que se ve reducido en España el Clero secular y regular, Nos conforta el pensamiento de que la generosidad del pueblo español, aun en medio de la presente crisis económica, sabrá reparar dignamente tan dolorosa situación, haciendo menos insoportable a los Sacerdotes la verdadera pobreza que los agobia, a fin de que puedan con renovados bríos proveer al Culto divino y al ministerio pastoral.

Pero con ser grande el dolor que tamaña injusticia Nos produce, Nos, y con Nos Vosotros, Venerables Hermanos e Hijos dilectísimos, sentimos aún más vivamente la ofensa hecha a la Divina Majestad.

¿No fue, por ventura, expresión de un ánimo profundamente hostil a la Religión Católica el haber disuelto aquellas Ordenes Religiosas que hacen voto de obediencia a una Autoridad diferente de la legítima del Estado?

Se quiso de este modo quitar del medio a la Compañía de Jesús, que bien puede gloriarse de ser uno de los más firmes auxiliares de la Cátedra de Pedro, con la esperanza acaso de poder después derribar, con menor dificultad y en corto plazo, la fe y la moral cristianas del corazón de la Nación Española que dio a la Iglesia la grande y gloriosa figura de Ignacio de Loyola. Pero con esto se quiso herir de lleno —como lo declaramos ya en otra ocasión públicamente— la misma Autoridad Suprema de la Iglesia Católica. No llegó la osadía, es verdad, a nombrar explícitamente la persona del Romano Pontífice; pero de hecho se definió extraña a la Nación Española la Autoridad del Vicario de Cristo; como si la Autoridad del Romano Pontífice, que le fue conferida por el mismo Jesucristo, pudiera decirse extraña a parte alguna del mundo; corno si el reconocimiento de la autoridad divina de Jesucristo pudiera impedir o mermar el reconocimiento de las legítimas autoridades humanas; o como si el poder espiritual y sobrenatural estuviese en oposición con el del Estado, oposición que solo puede subsistir por la malicia de quienes la desean y quieren, por saber bien que, sin su Pastor, se descarriarían las ovejas y vendrían a ser más fácilmente presa de los falsos pastores.

Mas si la ofensa que se quiso inferir a Nuestra Autoridad hirió profundamente nuestro corazón paternal, ni por un instante Nos asaltó la duda de que pudiese hacer vacilar lo más mínimo la tradicional devoción del pueblo español a la Cátedra de Pedro. Todo lo contrario; como vienen enseñando siempre hasta estos últimos años la experiencia y la historia, cuanto más buscan los enemigos de la Iglesia alejar a los pueblos del Vicario de Cristo, tanto más afectuosamente, por disposición providencial de Dios que sabe sacar bien del mal, se adhieren ellos a él, proclamando que solo de él irradia la luz que ilumina el camino entenebrecido con tantas perturbaciones y solo de él, como de Cristo, se oyen « las palabras de vida eterna».

Pero no se dieron por satisfechos con haberse ensañado tanto en la grande y benemérita Compañía de Jesús: ahora, con la reciente ley, han querido asestar otro golpe gravísimo a todas las Ordenes y Congregaciones religiosas, prohibiéndoles la enseñanza. Con ello se ha consumado una obra de deplorable ingratitud y manifiesta injusticia. ¿Qué razón hay, en efecto, para quitar la libertad, a todos concedida, de ejercer la enseñanza, a una clase benemérita de ciudadanos, cuyo único crimen es el de haber abrazado una vida de renuncia y de perfección? ¿Se dirá, tal vez, que el ser religioso, es decir, el haberlo dejado y sacrificado todo, precisamente para dedicarse a la enseñanza y a la educación de la juventud como a una misión de apostolado, constituye un título de incapacidad para la misma enseñanza? Y sin embargo la experiencia demuestra con cuánto cuidado y con cuánta competencia han cumplido siempre su deber los religiosos, y cuán magníficos resultados, así en la instrucción del entendimiento como en la educación del corazón, han coronado su paciente labor. Lo prueba el número de hombres verdaderamente insignes en todos los campos de las ciencias humanas y al mismo tiempo católicos ejemplares, que han salido de las escuelas de los religiosos; lo demuestra el apogeo a que felizmente han llegado tales escuelas en España, no menos que la consoladora afluencia de alumnos que acuden a ellas. Lo confirma finalmente la confianza de que gozaban para con los padres de familia, los cuales habiendo recibido de Dios el derecho y el deber de educar a sus propios hijos, tienen también la sacrosanta libertad de escoger a los que deben ayudarles eficazmente en su obra educativa.

Pero ni siquiera ha sido bastante este gravísimo acto contra las Ordenes y Congregaciones .Religiosas. Han conculcado además indiscutibles derechos de propiedad; han violado abiertamente la libre voluntad de los fundadores y bienhechores, apoderándose de los edificios con el fin de crear escuelas laicas, o sea escuelas sin Dios, precisamente allí donde la generosidad de los donantes había dispuesto que se diera una educación netamente católica..

De todo esto aparece por desgracia demasiado claro el designio con que se dictan tales disposiciones, que no es otro sino educar a las nuevas generaciones no ya en la indiferencia religiosa, sino con un espíritu abiertamente anticristiano, arrancar de las almas jóvenes los tradicionales sentimientos católicos tan profundamente arraigados en el buen pueblo español y secularizar así toda la enseñanza, inspirada hasta ahora en la religión y moral cristianas.

Frente a una ley tan lesiva de los derechos y libertades eclesiásticas, derechos que debemos defender y conservar en toda su integridad, creemos ser deber preciso de Nuestro Apostólico Ministerio reprobarla y condenarla. Por consiguiente Nos protestamos solemnemente y con todas Nuestras fuerzas contra la misma ley, declarando que esta no podrá nunca ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia.

Y querernos aquí de nuevo afirmar Nuestra viva esperanza de que Nuestros amados hijos de España, penetrados de la injusticia y del daño de tales medidas, se valdrán de todos los medios legítimos que por derecho natural y por disposiciones legales quedan a. su alcance, a fin de inducir a los mismos legisladores a reformar disposiciones tan contrarias a los derechos de todo ciudadano y tan hostiles a la Iglesia, sustituyéndolas con otras que sean conciliables con la conciencia católica. Pero entre tanto Nos, con todo el. ánimo y corazón de Padre y Pastor, exhortamos vivamente a los Obispos, a los Sacerdotes y a todos los que en alguna manera intentan dedicarse a la educación de la juventud, a promover más intensamente con todas las fuerzas y por todos los medios, la enseñanza religiosa y la práctica de la vida, cristiana. Y esto es tanto más necesario, cuanto que la nueva legislación española, con la deletérea introducción del divorcio, osa profanar el santuario de la familia, sembrando así —junto con la intentada disolución de la sociedad doméstica— los gérmenes de las más dolorosas ruinas en la vida social.

Ante la amenaza de daños tan enormes, recomendamos de nuevo y vivamente a todos los católicos de España, que, dejando a un lado lamentos y recriminaciones, y subordinando al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal, se unan todos disciplinados para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil.

De un modo especial invitamos a todos los fieles a que se unan en la Acción Católica, tantas veces por Nos recomendada; la cual, aun sin constituir un partido, más todavía, debiendo estar fuera y por encima de todos los partidos políticos, servirá para formar la, conciencia de los católicos, iluminándola y fortaleciéndola en la defensa de la fe contra toda clase de insidias.

Y ahora, Venerables Hermanos y amadísimos Hijos, no acertaríamos a poner mejor fin a, esta Nuestra carta, que repitiéndoos cuanto os hemos declarado desde el principio; a saber, que más que en el auxilio de los hombres, hemos de confiar en la indefectible asistencia prometida por Dios a su Iglesia y en la inmensa bondad del Señor para con aquellos que le aman. Por esto, considerando todo lo que ha sucedido, y apesadumbrados más que todo por las graves ofensas inferidas a su Divina Majestad con las múltiples violaciones de sus sacrosantos derechos y con tantas transgresiones de sus leyes, dirigimos al cielo férvidas plegarias, demandando a Dios perdón por las ofensas contra El cometidas. El, que todo lo puede, ilumine las inteligencias, enderece las voluntades y mueva los corazones de los que gobiernan a mejores acuerdos. Con serena confianza esperamos que la voz suplicante de tantos buenos hijos, sobre todo en este Año Santo de la Redención, será benignamente acogida por la clemencia del, Padre celestial; y con esta con-fianza, para obtener que descienda sobre vosotros, Venerables Hermanos y amados Hijos, y sobre toda la Nación Española, que Nos es tan querida, la abundancia de los favores celestiales, os damos con toda la efusión de nuestra alma la Bendición Apostólica.

Dado en Roma, junto a S. Pedro, día 3 de Junio, del año 1933, duodécimo de Nuestro Pontificado.

PlUS PP. XI