Recientemente comentábamos en la sección de CINE de estas páginas los preocupantes parecidos que pueden existen entre la violación de la intimidad en La vida de los otros y los peligros para la intimidad de las personas que puede acarrear el sistema de escuchas de SITEL. La Rebelión en la Red que se está operando parece apuntar en esa misma dirección.

Hace dos semanas se manifestaron en Madrid miles de agricultores -12500 según algunos, 500000 según los organizadores- en protesta por la penosa situación que atraviesan y la falta de apoyo gubernamental, y no salió a recibirlos ni un conserje del Ministerio de Agricultura. De momento, el Gobierno ha hecho oídos sordos a las quejas de defensores de la vida, de agricultores, del sector educativo, de las víctimas del terrorismo… pero, el martes se concentró un grupo de cantantes ante las puertas del Ministerio de Cultura y la ministra González-Sinde  salió a recibirlos y a plegarse a sus exigencias.

En un principio, el canon digital iba destinado a compensar económicamente a los sectores afectados por la piratería informática; aunque uno compre un CD, DVD o disco duro para almacenar fotos familiares, paga religiosamente una cuota al clan de los artistas e intelectuales. De momento, todos hemos asumido con resignación ese nuevo tributo, sin que nadie del Ministerio de Cultura o de la SGAE haya informado hasta la fecha sobre cómo se reparten esos millones, muchos millones de euros.

Ahora parece que el canon digital no es suficiente compensación y hay que dar una vuelta de tuerca más incluyendo en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información, intimidad y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet.

El encuentro entre la ministra Sinde y destacados creadores de contenidos en Internet estaba destinado a parar la protesta de la Red ante el intento gubernamental de restringir la libertad de expresión. Sin embargo, la ministra Sinde abandonó la reunión con los creadores de Internet.

"Es inaudito que los derechos de autor estén por encima de los derechos fundamentales de libertad de expresión de las personas" (Jesús Encinar).

La Constitución Española en su Artículo 18 es bien clara:

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar (…)

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

En la parte final del Anteproyecto de Ley de Economía sostenible figura la posibilidad de cortar el acceso a la red sin una orden judicial. La libertad en internet quedaría de esta manera al arbitrio del gobierno de turno.

Ante esta situación, usuarios y profesionales de la red comparten un manifiesto en defensa de la libertad de información y opinión, que el anteproyecto de Ley de Economía sostenible quiere cercenar.

Pincha aquí para adherirte en Facebook al manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet

Páginas web, blogs, profesionales de internet, periodistas y creadores comparten hoy en la red este manifiesto contra la intención del Gobierno de restringir las libertades:

En defensa de los derechos fundamentales en internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que...

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial - un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

¡Última hora! El gobierno rectifica y dice ahora que será necesaria la aprobación de un juez para cerrar una web