Bueno sería promover en el periodo electoral en el que nos encontramos la ficha limpa, el expediente limpio, como en Brasil. Allí, el Presidente Lula da Silva sancionó en junio de 2010 la denominada en portugués Ficha Limpa, Ley que hace inelegibles durante 8 años a políticos que hayan sido condenados por un órgano colegiado por delitos como abuso de autoridad, racismo, tortura, abuso sexual, crímenes contra la vida, improbidad administrativa… así como a aquellos que hayan tenido que renunciar a su Mandato debido a la apertura de un proceso judicial.
Si la LeyFicha Limpa en sí misma es positiva, no lo es menos el hecho de que haya surgido por Iniciativa Popular, tras reunir más de 1,6 millones de firmas y más de 2 millones de adhesiones a través de Internet. Claro que, en el caso de Extremadura, ya sabemos qué han hecho nuestros políticos con la única Iniciativa Legislativa Popular presentada en esta Comunidad y respaldada con 68000 firmas.
La Conferencia de los Obispos de Brasil (CNBB) ha participado en primera línea en esta ley junto al Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral (MCCW) y a varias ONGs y asociaciones.
La Ficha limpa, según monseñor Mario Toso, secretario del Consejo Pontificio “Justicia y Paz”, la presenta la Iglesia en Brasil “como algo bueno que puede serútil para luchar contra los fenómenos de ilegalidad, de violencia, de injusticia, y de elección de una clase política”, porque “la clase política en los distintos países debería subir un poco en el nivel moral y de ejemplaridad”. "De esta forma se pretende desanimar el ingreso en política de delincuentes que buscan obtener la inmunidad”. El obispo afirmó que en esta ley “se encuentra una serie de condiciones que deben cumplir quienes son candidatos a representantes del pueblo”.
De momento, una forma de comenzar a “limpiar la ficha” a algunos sería pidiendo la dimisión de los seis jueces del Tribunal Constitucional (Sala, Tremps, Asúa, Vera, Gay y Ortega) que han hecho posible con su voto la presencia de Bildu-ETA en las próximas elecciones y, a partir de ahí, su presencia en instituciones pagadas con dinero público.
