202 guardias civiles, 172 policías, 96 militares, 48 empresarios, 33 cargos públicos, 28 estudiantes, 13 ertzainas, 231 civiles…todos ellos, asesinados. Esa es la cifra de las personas asesinadas por ETA, más de 800, de momento. Durante años, hubo quienes simpatizaron con esa banda de asesinos identificándolos con un grupo antifranquista y luchador por la libertad. Pero llevamos 35 años viviendo en democracia y, siempre que puede, ETA mata y las víctimas siguen siendo las mismas: cualquier persona que se opone a su proyecto totalitario y defiende la libertad, o piensa y opina diferente o, simplemente, pasaba por allí. Hombres, mujeres, niños, ancianos, españoles, inmigrantes extranjeros… es lo mismo. Lo que hace ETA no es una guerra, ni un “conflicto armado” como les gusta decir, lo que hace ETA, simplemente, es asesinar, por sorpresa, por la espalda, a traición, con bombas.
Si es triste saber que ETA lleva más de cuarenta años asesinando, también resulta indignante contemplar cómo se ha permitido desde instituciones democráticas que radicales defensores de la violencia y el asesinato puedan participar en elecciones democráticas y lleguen a ocupar puestos de responsabilidad como concejales o alcaldes en ayuntamientos vascos y navarros, ahora bajo las siglas ANV (antes Batasuna, o Herri Batasuna o Euskal Herritarrok…), siendo pagados sus sueldos y actividades “políticas” con el dinero público recaudado a todos los españoles.
Antes de la llegada de este Presidente al Gobierno, todos los partidos políticos democráticos habían logrado consensuar una Ley Orgánica de Partidos Políticos (junio de 2002) que impedía la participación en elecciones a aquellos partidos que no condenasen el uso de la violencia y el terrorismo. Textualmente
<<A estos efectos, se establece un procedimiento judicial de ilegalización de un partido por dar un apoyo político real y efectivo a la violencia o el terrorismo>>
Y ahora, ¿Cómo es posible que el Congreso de Diputados, que representa a los españoles –que son las víctimas del terrorismo etarra- llegase a aprobar un decreto que autorizaba al Gobierno a negociar con ETA? ¿Harían lo mismo el Congreso y el Gobierno si en lugar de ser una banda asesina de extrema izquierda, con más de 800 muertos a sus espaldas, fuese una banda neonazi, o la mafia rusa, por ejemplo, la que hubiese cometido un número de asesinatos similares? ¿O es que por ser de extrema izquierda hay que mirarla con mayor benevolencia?
¿Cómo se puede permitir que asesinos etarras, con decenas de crímenes a sus espaldas y condenados a cientos de años de prisión, hayan podido salir de la cárcel “por motivos humanitarios” o “para atender a su madre enferma”?. ¿Se actúa de igual manera con presos comunes o con mafiosos?
Y más indignante aún es saber que, cuando iban a ser detenidos unos etarras en el ya famoso Bar “Faisán”, de Irún, recibieron una llamada de aviso que les permitió escapar. Se sabe ahora que, al parecer, uno de los teléfonos investigados por el juez Ruz pertenece al número dos del Ministerio del Interior, es decir, el secretario de Estado de Seguridad. Al parecer, están implicados en el chivatazo ¡¡policías!! ¿Por qué el Ministerio del Interior no investiga a fondo si hay o no chivatazo e informa a los ciudadanos? ¿Tal vez, por que se está negociando otra vez con ETA cuando se dijo a los españoles tras el atentado de la T-4 que no se volvería a hacer?
En cualquier caso, hay razones más que evidentes para, con independencia de opciones políticas, mostrar el APOYO TOTAL DE LOS CIUDADANOS A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO y denunciar las mentiras y engaños de nuestra clase política.
Por esos motivos, entre otros, el 5 de febrero, a las 5 de la tarde, en Madrid, miles de ciudadanos convocados por Voces Contra el Terrorismo gritarán “¡No más mentiras! ¡No más treguas trampas!”
Para saber más sobre el terrorismo de ETA, no tiene desperdicio la película Trece entre mil.
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