Probablemente, uno de los que mejor está mostrando en clave de humor el asalto de Bildu a las instituciones democráticas -¿con la cooperación de miembros de las mismas instituciones democráticas?- es el dibujante Puebla. Para conocerlo a fondo, podemos seguir la evolución de sus dibujos en el diario ABC.
En mayo, Puebla nos regalaba con una viñeta en la que aparecían los miembros del Tribunal Constitucional que habían legitimado con su voto la presencia de Bildu en las recientes elecciones municipales, contra del parecer del Tribunal Supremo. Paradójicamente, ¡sólo uno de los once miembros del Tribunal Constitucional es juez!
¿Quiénes son esos seis miembros representados en la viñeta que permitieron la entrada de Bildu –que no ha condenado la violencia etarra, no lo olvidemos- en los ayuntamientos vascos y navarros y gracias a quiénes están esos miembros en tan alto Tribunal? Éstos son sus nombres:
Pascual Sala: es Presidente del Tribunal. Nombrado a propuesta de los vocales de izquierdas por el CGPJ.
Eugenio Gay. Vicepresidente del T.C., pertenece al sector progresista y fue nombrado por el Congreso (¿qué partido político tiene mayoría de diputados en el Congreso?).
Luis Ortega Álvarez. Catedrático. Nombrado por el Congreso a propuesta del PSOE.
Elisa Pérez Vera. Magistrada. Nombrada por el Congreso a propuesta del PSOE.
Adela Asúa Batarrita. Catedrática. Nombrada por el Senado a propuesta del PSOE.
Pablo Pérez Tremps. Magistrado. Nombrado por el Gobierno.
Con esos datos, ahora causa perplejidad escuchar a algunos políticos y miembros del Gobierno pidiendo respeto a las decisiones independientes de dicho Tribunal. ¿Independientes?
En dos viñetas anteriores, ya había definido Puebla muy bien qué es en realidad Bildu. Parece que a cierta clase política le ha llevado más tiempo y unas elecciones municipales ya celebradas comenzar a comprender quienes mueven los hilos de Bildu.
La fina ironía de Puebla sobre la independencia del Presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, no necesita comentarios en la siguiente viñeta.
Lo anterior parece confirmar que en España existe una peligrosa y creciente tendencia hacia la <<partitocracia>> que ocasiona graves peligros para nuestra democracia. ¿Contra qué, si no, ha ido el movimiento del 15-M? Los partidos políticos van invadiendo cada vez más parcelas de poder, en las que colocan a sus <<fieles>>, que deben corresponder con una obediencia ciega, algo muy parecido al feudalismo: el nuevo vasallo recibe un beneficio (puesto de trabajo, cargo público, pensión, título, subvención…) a cambio de una fidelidad ciega. De esta forma, los partidos políticos, van cambiando su función constitucional (Art. 6) de representar la voluntad de los ciudadanos, por la de controlarlos para el propio beneficio de la nueva aristocracia política, que, en algunos casos, va comenzando a ser hereditaria. Ya hay hijos de políticos que suceden a sus padres en esas labores. Si se quiere conservar el beneficio, “salir en la foto” y “permanecer en la lista” hay que ser dóciles a las instrucciones que vienen de arriba del partido, sin cuestionarlas. Este sistema nos va recordando cada vez más a aquella oligarquía tan denostada por Joaquín Costa.
Respecto al procedimiento para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, podríamos aplicar lo que afirma Manuel Ramírez en España al desnudo (1931-2007):
(…) En no pocas ocasiones, la Constitución señala al Parlamento como órgano llamado a realizar nombramientos. Sobre todo, en el campo judicial. (…) Pero lo que no dice el texto constitucional es que tales nombramientos se lleven a cabo mediante el establecimiento de las famosas <<cuotas>> entre los partidos que lo integran. Cada fuerza política obtiene el <<derecho>> de proponer a un número de personas en función de su peso en el hemiciclo o de pactos a los que se llega en cada ocasión. Nadie estudia los nombres propuestos, sus valías, sus méritos profesionales, su misma capacidad para esto o aquello. Y tengo para mí que aquí reside uno de los males de más elevado alcance de nuestra actual democracia.
(La fuente en negrita es nuestra)
Cada vez más, para ocupar un cargo público, frente al criterio de los méritos va primando el de las cuotas: cuotas para discapacitados, cuotas para mujeres (¿deben ocupar un puesto por su capacidad demostrada o por su identidad sexual? ¿no puede haber más de un 50% de mujeres si son más competentes que los hombres? ¿no pueden ser menos en número si no lo son?...), cuotas para jueces progresistas y cuotas para jueces conservadores (¿será imparcial un juez que se autocalifica como progresista o conservador?)… y podríamos seguir: políticos controlando Consejos de las Cajas de Ahorros –lo cual ayuda a comprender los inmensos agujeros negros que están apareciendo en muchas de ellas- que, a cambio, prestan dinero a los partidos y, en ocasiones, “olvidan” reclamar la devolución de lo prestado, políticos formando parte de los consejos escolares de los centros educativos, políticos presidiendo o controlando ONGs y Fundaciones, asociaciones de padres de alumnos, sindicatos muy subvencionados (¿no deberían mantenerse con las cuotas de los afiliados?) que están más preocupados por no disgustar al Gobierno que por defender los intereses de los trabajadores…
La Constitución asigna a los partidos políticos la manifestación de la voluntad popular y la expresión del pluralismo político. Ni más ni menos. De ahí al régimen oligárquico y caciquil en el que estamos cayendo hay una gran distancia. Bueno sería hacer retroceder a los partidos políticos a las esferas que realmente les conciernen y exigirles que devuelvan parcelas de poder a la sociedad y a los jueces. Y a éstos, a los jueces, exigirles un poquito más de independencia, por favor.
Probablemente, nuestros tiempos pasarán a la Memoria Histórica por la intromisión abusiva de los políticos en todas las esferas de la vida del ciudadano, por la falta de respeto a la separación de poderes así como por la falta de independencia de algunos jueces.
Más adelante habrá mucho que decir de Bildu, seguro.
