Con la que está cayendo, una educación casi ruinosa (un ordenador por cada 15 alumnos en las universidades españolas), una crisis económica galopante y parece que imparable, una Justicia con medios escasos e incapaz de controlar a los delincuentes y algunos dirigentes políticos que predican austeridad mientras ellos viven a todo tren (mejor Audi o Lexus) -con el dinero de todos no lo olvidemos-, nos llega ahora un juez, Garzón para más señas, que en lugar de ocuparse de usar el dinero público para asuntos que interesen a la mayoría de los ciudadanos vivos (léase, puesto de trabajo digno, pago de la hipoteca, lucha contra la corrupción urbanística, mayor seguridad frente a la delincuencia y ante la amenaza etarra, lucha contra las mafias de la droga y la prostitución…) pretende ocupar su tiempo y el de otros jueces –también pagados con dinero público- en levantar las cunetas de las carreteras en busca de huesos de hace setenta años, con intención de averiguar, mediante las pruebas forenses pertinentes (y su coste correspondiente, nada sale gratis), a quién pertenecieron para, dice, “recuperar la memoria histórica”. Parece que no tiene otra cosa que hacer el Sr. Juez que interese más a los españoles vivos.

Aún así, el “proyecto” podría ser encomiable y respetable desde el punto de vista histórico y metodológico, si cumpliese ciertos requisitos razonables. Por ejemplo:

a)      Que el juez en cuestión hubiese dado pruebas fehacientes de imparcialidad y de mantener una cierta equidistancia política. Aunque no imposible, resulta difícil de creer en este caso, puesto que Garzón concurrió a las elecciones de 1993 –por expresa petición de Felipe González- como número dos en la lista del PSOE por Madrid. Y, por supuesto, resultó elegido como diputado. Está en su derecho. Aquella incursión política duraría poco más de diez meses.

b)      Que el Gobierno que impulsa la “memoria histórica” no estuviese integrado por miembros de un partido político –tan respetable como los demás- en el que muchos de sus afiliados de entonces participaron en uno de los dos bandos enfrentados a muerte en aquel dramático conflicto, hace ya setenta años. Ni que decir tiene que hay abundante bibliografía sobre el tema para que cualquier interesado pueda profundizar en dicho aspecto. No obstante, seguro que a todos nos resultan conocidos los nombres de Indalecio Prieto o de Largo Caballero, entre otros. Difícilmente un Presidente de Gobierno puede ser más parcial en este tema “histórico” –si de lo que se trata es de hacer memoria histórica, verdad histórica -que cuando hace continuas referencias a su abuelo fusilado, como si hubiese sido el único represaliado de la guerra.

c)      Si de hacer auténtica memoria histórica se tratase, habría que excavar las fosas de las víctimas de ambos bandos, de todas las víctimas, que las hubo y en gran cantidad. De otro modo, lo que se estará haciendo será propaganda política, no historia, y lo peor de todo, con dinero público de todos los ciudadanos, partidarios o no de ese proyecto y a quienes -comenzando por los historiadores- en ningún caso se les ha preguntado al respecto sobre la conveniencia o no de realizar semejante “investigación”.